Modificar el reglamento del SEIA y la Ley 19.300, reforzar en el corto plazo el personal de los organismos eva-luadores de las iniciativas de inversión y avanzar en una gober-nanza que supervise estos procesos, son claves para acelerar el ritmo de la transición energética.
Los tiempos cada vez más extensos para tramitar un proyecto ambiental están generando dificultades en el
país. En distintos sectores económicos han advertido que las demoras de diversas instituciones para gestionarlos están provocando la pérdida de competitividad e incerteza jurídica en los inversionistas, por lo cual urge que el país adopte medidas para frenar la
«permisología», avanzar y agilizar los procedimientos.
Un escenario que preocupa al sector privado, pero también al público: «En Chile nos estamos quedando atrás porque nuestro sistema de
permisos es incoherente», comentó hace unas semanas el Presidente Gabriel Boric.
Con eso en vista, el ministro de Economía, Nicolás Grau, lanzará en diciembre -en coordinación con otros ministerios- un proyecto de ley que reformará el sistema de permisos sectoriales, buscando reducir en un 30% los plazos para la aprobación de nuevas iniciativas de inversión. Según ha adelantado, contemplará tres pilares: una ley marco de autorizaciones sectoriales, qué que incluye, entre otros puntos, reglas mínimas de tramitación por sector con plazos máximos; una institucionalidad para la regulación sectorial, con la gobernanza del sistema de tramitación y una ventanilla única para tramitar permisos (conocida como SUPER); y modificaciones a las leyes sectoriales, para establecer rutas de tramitación proporcionales sin disminuir la calidad regulatoria del país.
“Lo que se busca es hacer un giro estructural en la materia. Sin perjuicio de lo anterior, en el corto plazo sería adecuado hacer un esfuerzo para aumentar la dotación de los servicios que están más complicados por falta de personal calificado y, al mismo tiempo, establecer incentivos a los servicios públicos para acelerar los plazos de tramitación”, destaca Jaime Toledo, director de Producción para Sudamérica de Acciona Energía y presidente de Acera.
Es necesario hacer cambios rápidos, añade, porque la situación tiene “impactos en la cantidad y en la velocidad en la que se implementen nuevos proyectos de inversión en energías limpias, lo que podría bajar el ritmo con el que se está llevando a cabo la transición energética de nuestro país”.
A su juicio, la institucionalidad chilena y los legisladores “pueden definir un sistema de tramitación de permisos que nos permita agilizar los plazos de evaluación y dar certezas a los inversionistas, asegurando el impecable cumplimiento medioambiental, territorial y social”.
Puntos clave
Matías Steinacker, CEO de EDF Renewables Chile y vicepresidente de Acera, indica que el tiempo promedio de tramitación de estudios de impacto ambiental de proyectos de inversión está demorando alrededor de cuatro años: “Este plazo no nos van a permitir desarrollar oportunamente los proyectos renovables que se requieren para reemplazar la generación a carbón en los plazos establecidos”.
Romina Tobar, directora del Área Ambiental del estudio de abogados Prieto, acota que el proyecto que se está trabajando no incluiría, por ejemplo, la gestión del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). “Es clave que se impulse a la brevedad modificaciones al Reglamento del SEIA para acelerar la tramitación ambiental. Por ejemplo, que los permisos ambientales sectoriales que tienen tramitación post Resolución de Calificación Ambiental (RCA) se otorguen cuando se califique favorablemente un proyecto”, puntualiza la abogada, y asegura que aquello “reduciría significativamente” los tiempos de tramitación de las autorizaciones que necesitan los desarrolladores, pero a la vez implicaría un trabajo importante por parte del Ministerio de Medio Ambiente y del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) con los otros órganos sectoriales.
Para Tobar, también es vital modificar la ley N°19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente, que tiene 30 años de vigencia, pero dado que es una discusión de largo aliento, se “hace más urgente trabajar cambios en otros niveles que puedan ser más expeditos, como las modificaciones al Reglamento del SEIA”.
Steinacker comenta que, por ejemplo, para que la industria del hidrógeno verde se pueda desarrollar en el país, hay que tener previamente certeza de cuáles van a ser los criterios de evaluación que se van a aplicar: “En la actualidad, esa certeza no existe, dada la alta cantidad de guías, instructivos y criterios que se están publicando permanentemente”. Por lo mismo, considera que sería un impulso que, al momento de su divulgación, “estas no sean vinculantes de inmediato y se apliquen con cierta gradualidad, de manera que permitan a los desarrolladores, por ejemplo, utilizar las líneas de base ya levantadas y no tener que estar rehaciéndolas constantemente”.
Capital humano
Un aspecto relevante que se debe abordar junto con las iniciativas a nivel legal está relacionado con aumentar las capacidades y dotación del capital humano ligado al proceso de tramitación ambiental.
“Está la necesidad de reforzar los equipos evaluadores, ya sea con mayor dotación y/o a través del apoyo de revisores independientes, particularmente en aquellas regiones donde se concentran naturalmente los recursos y los proyectos renovables”, considera Steinacker.
Además, el vicepresidente de Acera cree que sería conveniente avanzar en una gobernanza supervisora “que permita monitorear y hacerle seguimiento al proceso de obtención de permisos en su totalidad, pudiendo detectar y abordar descoordinaciones y retrasos excesivos oportunamente”.
Fuente: Diario Financiero.
