[vc_row][vc_column][tm_heading style=»thick-separator» tag=»h5″ custom_google_font=»» google_fonts=»font_family:Poppins%3A300%2Cregular%2C500%2C600%2C700|font_style:300%20light%20regular%3A300%3Anormal» text=»Gobierno decide no recurrir al TC por el proyecto de ley para prohibir corte de servicios básicos en la pandemia» font_size=»lg:32″][vc_column_text]
No obstante, el subsecretario de la Segpres, Juan José Ossa, había señalado en el Senado, que la propuesta podría contener ‘vicios de constitucionalidad’. Ayer expiró el plazo para ir al Tribunal.
El Ejecutivo optó por no recurrir al Tribunal Constitucional (TC), por el proyecto de ley orientado a prohibir el corte de los servicios básicos de luz, agua y gas de red durante la pandemia del coronavirus.
Esa iniciativa fue impulsada mediante varias mociones de diputados y senadores, las que se tramitaron en paralelo, pero posteriormente se refundieron al llegar a una comisión mixta. Fue en esa instancia donde el Gobierno expresó sus aprensiones respecto de la eventual inconstitucionalidad del texto.
‘Guste o no, dependiendo de las distintas cosmovisiones que podamos tener sobre las reglas constitucionales que hoy nos rigen, hay un hecho ineludible: la Constitución Política, para efectos de delimitar el derecho de propiedad, mediante una ley simple o especial, exige necesariamente una compensación. En consecuencia, esa es la razón principal por la cual el Ejecutivo, particularmente a través del ministro de Energía, ha señalado que pueden existir vicios de constitucionalidad’, afirmó Ossa el pasado jueves, al intervenir de manera remota en la sesión de la Cámara Alta una vez despachada la iniciativa.
Anteriormente, el ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, hizo reserva de constitucionalidad sobre el proyecto, pero luego se informó que aquello fue cuando la iniciativa se encontraba en primer trámite en la Cámara, el 15 de abril, justo al momento de ser despachada al Senado, en donde —se aclaró— el texto adquirió otra fisonomía respecto del artículo que se impugnaría y que ya no era parte de su contenido.
Así se llegó al día de ayer, fecha en la que se cumplía el plazo de cinco días, establecido en el inciso cuarto, artículo 93 de la Constitución Política, para poder recurrir del proyecto por eventual inconstitucionalidad, por parte del Ejecutivo.
El no ir al TC respondió principalmente a tres factores: primero, no existía inadmisibilidad en la presentación y en cuanto a su posible inconstitucionalidad, el Gobierno se hizo de la convicción que se trataba de ‘un caso débil’ al respecto y de ‘resultado incierto’. A esa opinión llegó, por cierto, después de escuchar la opinión de expertos en la materia.
En segundo lugar, pesó el que las empresas del rubro ya están aplicando el beneficio desde el 27 de marzo (al 40% más vulnerable y desde ayer algunas compañías lo ampliaron al 60%) pasado en casi la misma dimensión propuesta en el proyecto de ley (ver tabla), por lo que ir al TC por ese aspecto podría haber sido interpretado como un actuar discordante o erróneo del Ejecutivo; además, de ser así considerado, las mismas compañías podrían ir de inaplicabilidad al TC y no el Gobierno, por lo que así se evita una exposición innecesaria y evitar el cuestionamiento de la oposición en torno a que el Gobierno supuestamente defendería los intereses de las empresas.
A lo anterior se añadiría un tercer punto, el que se consideró como el ‘complejo funcionamiento’ actual del TC, el que les permitiría anticipar un eventual revés para las pretensiones del Ejecutivo.
La presidenta de la UDI, senadora Jacqueline van Rysselberghe, comentó anoche que ‘fue una decisión compleja, y ante el riesgo de que el TC no fallara en contra, creo que fue mejor no ir’; mientras, desde Evópoli, Hernán Larraín Matte dijo ‘respetar la decisión del Gobierno, pero no la compartimos. Para Evópoli, debimos ir al TC’.
De esa manera, el Ejecutivo debería proceder a la promulgación del proyecto despachado por el Congreso; sin embargo, si así lo estimara le queda aún la alternativa de ingresar un veto al Parlamento para intentar suprimir o adicionar contenido, pero esa posibilidad se estima lejos de ser concretada, porque requeriría de apoyo expresado en votos para ser aprobada. E implícitamente se traduciría en reponer incertidumbre y mantener un tema adverso vigente en la agenda pública, por lo que prácticamente eso se daba por descontado.
Se suma a lo anterior el que diputados como Joanna Pérez y la senadora Ximena Rincón (ambas de la DC) han urgido al Ejecutivo para que promulgue ya la iniciativa sin dilaciones. Lo mismo hizo el presidente del PS, Álvaro Elizalde, por lo que lo más probable es que así suceda y el proyecto se convierta en ley en los próximos días.
Fuente: El Mercurio[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][tm_spacer size=»lg:30″][/vc_column][/vc_row]
