- La directora ejecutiva de ACERA opinó sobre la iniciativa del Poder Ejecutivo y apuntó a que ya mismo debe comenzar la discusión para solucionar diversos problemas del sector renovable y que haya más penetración de energías limpias.
La semana pasada, el gobierno de Chile elevó al Congreso su proyecto de ley de transición energética, con el que prevé el desarrollo “eficiente” de infraestructura eléctrica, adecuaciones tarifarias y la promoción de una mega licitación de almacenamiento de USD 2000 millones.
Ana Lía Rojas, directora ejecutiva de la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento (ACERA), brindó una primera mirada sobre la iniciativa que forma parte de la denominada “Agenda Inicial para un Segundo Tiempo de la Transición Energética”.
“El proyecto de ley de transición energética es el eslabón no perdido entre el corto y largo plazo. Parece ser parte de muchas de las respuestas para unificar lo que sucede entre ambos períodos”, afirmó durante un evento organizado por el Ministerio de Energía de Chile.
“Está vinculado a la industria del hidrógeno verde, la minería y agricultura verde, porque da la condición basal de energías renovables que pueden ser más competitivas y sostenibles”, agregó.
Además, la especialista planteó que ya mismo debe comenzar la discusión de varios aspectos del mercado mayorista eléctrico para que haya más penetración renovable y disminuya la alta exposición de costos marginales cero, la presencia de desacoples y la cantidad de vertimientos de energía.
Y cabe recordar que, de acuerdo a proyecciones realizadas en el sector, los vertimientos durante este 2023 podrían ser de 3170 GWh (271 GWh eólicos y 2899 GWh solares) a 4568 GWh (437 GWh eólicos y 4131 GWh), lo que representaría una alza de poco más de tres veces de los recortes obtenidos durante 2022.
Mientras que para el final de la década, la cifra sería de 3,9 GW en el norte del país y otros 9 GW en la zona sur, a pesar que haya aumentos de capacidad de transporte entre ambas regiones.
A ello se debe agregar que diversas empresas Chile persisten por la tarificación de la energía del sistema eléctrico, puntualmente por la modificación de los artículos 166 y 167 del DS 125/2017 (Reglamento de la Coordinación y Operación del SEN) para evitar la salida de compañías renovables del mercado.
“Por lo tanto hay preocupación sobre cuáles serán los instrumentos, más allá de lo que se presente en la norma técnica de control y programación. Es decir, cuáles serán las medidas que dispondremos para el manejo y asignación de vertimientos”, apuntó Ana Lía Rojas.
Por otra parte, todavía hay expectativas sobre el marco regulatorio del almacenamiento y la manera sobre cómo el Coordinación Eléctrico Nacional dispondrá los tiempos e instrucción de carga y descarga que ya existen, considerando que ya se lanzó la licitación de suministro 2023, donde se incorpora un incentivo directo a medios de almacenamiento y de generación con energías renovables no variables.
“Estamos conscientes del valor del territorio y de la coherencia de las zonas que deben tener una determinada métrica y forma de incorporar las energías renovables no convencionales y sistemas de almacenamiento, que en algún momento serán objeto de una mirada específica sobre sus efectos en el territorio”, sostuvo.
“Sin esa discusión, es difícil que el despliegue de los 22,5 GW requeridos para reemplazar los ciclos a carbón pueda ser posible en los próximos 7 años”, añadió.
Fuente: Energía Estratégica
