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08/2018

Carlos Finat: “El mercado eléctrico no se hace cargo del costo que la emisión tiene para la sociedad”

Con el lema “quien contamina, paga”, en abril de este año por primera vez ingresaron a las arcas fiscales los llamados “impuestos verdes”, gravámenes a las emisiones de fuentes fijas que operan desde el 1 de enero de 2017, y que fueron establecidos como parte de la reforma tributaria de 2014.

El tributo -que se aplica a las emisiones de operaciones que tengan calderas y turbinas con potencia igual o superior a 50 megawatts térmicos (MWt)- le aportó al fisco US$ 191,3 millones, pagados por las empresas afectas a este gravamen. A ese monto se debe agregar lo que cancelaron las fuentes móviles -automóviles y camiones-. Durante 2017 fueron US$107 millones por este concepto. De esta forma, la recaudación total por impuestos verdes, sumando fuentes fijas y móviles, alcanzó a US$298,3 millones correspondiente al ejercicio 2017.

El mecanismo

El mecanismo estableció un cálculo para los contaminantes locales por volumen de emisión y población de la comuna afectada, donde se esgrime una ponderación extra si la zona ha sido declarada saturada o latente. En este caso, US$0,9 por tonelada de material particulado, US$0,01 por tonelada de dióxido de azufre y US$0,025 por tonelada de óxido de nitrógeno. Para emisiones de impacto global como el dióxido de carbono, el cálculo es de US$ 5 por tonelada, independiente de la población o ubicación ya que estos afectan principalmente el cumplimiento de Chile de sus compromisos en el Acuerdo de París que se impulsa para mitigar el calentamiento global.

Pero como la legislación apunta al prorrateo del pago de parte del impuesto entre todas las empresas que retiren electricidad del sistema, la redacción incluyó a firmas eólicas y solares que no generan emisiones. De este modo, la industria de energías renovables puso el grito en el cielo y apunta a una distorsión o especie de “subsidio” a las energías sucias. Por ello reclaman y quieren cambios en la legislación, de acuerdo a Carlos Finat, director ejecutivo de ACERA, que agrupa a las firmas de energías renovables en el país.

¿Qué implica este tipo de impuesto?

Los impuestos a las emisiones valorizan las externalidades ambientales negativas de la generación termoeléctrica, con el fin de desincentivar el uso actual y la inversión futura en estas tecnologías. De acuerdo a lo declarado por el ejecutivo en el Mensaje de la Ley 20.780, que estableció el denominado impuesto verde, los objetivos y propósitos que se persiguen con este tributo son proteger el medio ambiente y la salud de las personas como, asimismo, estimular el uso de tecnologías más limpias y mitigar el daño global por el cambio climático. Es decir, el impuesto a las emisiones de fuentes fijas busca corregir una externalidad negativa.

¿Cuál es el desacuerdo de fondo que su gremio tiene con esta iniciativa?

Nuestros principales puntos de desacuerdo respecto al esquema vigente apuntan a la legislación actual. El costo del impuesto no afecta la decisión de operación de centrales que toma el Coordinador Eléctrico Nacional, por lo cual, desde el punto de vista de la operación del sistema eléctrico, no se les resta competitividad a las centrales contaminantes, y como consecuencia, no existe una reducción efectiva de las emisiones. Es decir, el mercado eléctrico no se está haciendo cargo del costo que la emisión tiene para la sociedad.

¿Qué crítica tiene al mecanismo de compensación?

Como si lo anterior no fuera suficiente, el artículo 8 de la Ley 20.780 establece un mecanismo de compensación del impuesto, en el cual, bajo determinadas condiciones de operación, todos los generadores del sistema que venden energía a clientes deben pagar una compensación a las centrales emisoras. En la práctica, esto ha implicado que, por la vía de este mecanismo, generadores de energías renovables, que no producen emisiones, deban concurrir a pagar parte del impuesto que le corresponde pagar a los generadores que sí emiten gases de efecto invernadero y contaminantes locales.

¿Qué señal da esta legislación desde esa perspectiva?

Para que el impuesto referido sea efectivo en lograr sus objetivos, es necesario que sean precisamente las centrales contaminantes las que soporten el total del pago del impuesto, ya que, de otra forma, su señal resulta confusa e ineficaz, dando origen a un gravamen contrario al propósito de la ley y a los compromisos de mitigación adoptados por nuestro país ante los Acuerdos de París.

¿Significa esto un subsidio a los emisores más contaminantes?

Habiendo ya transcurrido un año de la puesta en marcha de este gravamen, el resultado para el ejercicio tributario 2017 fue que las empresas no contaminantes van a tener que pagar $ 5.000 millones de compensación a aquellas que emiten CO2 y contaminantes locales, equivalentes a 5% aproximadamente de todo lo recaudado. Si se analizan casos particulares, hay algunas empresas que reciben, por vías de la compensación, cerca de 60% de lo pagado por concepto de impuestos, llegando en algunos casos este valor ser cercano al 90%. Lo anterior demuestra que efectivamente el esquema de compensación del impuesto verde constituye un subsidio directo a las centrales emisoras. Esto es una señal totalmente contraria al objetivo de la ley, y que es urgente corregir.

Posible diálogo

¿Qué disposición aprecia desde el Gobierno para subsanar las fallas que su sector ha hecho ver?

Como asociación hemos manifestado las oportunidades de mejora que presenta el esquema de impuesto verde vigente, tanto al Gobierno como al Congreso, quienes han manifestado concordancia con la necesidad de revisar esta materia. Debido a que este tema constituye un aspecto que resulta relativamente menor en el marco de la Ley Tributaria (en términos de volumen económico), estimamos fundamental el papel que deben desempeñar de los Ministerios de Energía y del Medio Ambiente para promover las modificaciones requeridas ante el Ministerio de Hacienda.

¿Qué alternativa propone para modificar esta situación que afecta a las ERNC?

Se requiere implementar modificaciones que permitan dejar sentados que el costo del impuesto verde sí afecte el orden de despacho de las centrales y que no exista un subsidio desde los generadores que no emiten hacia quienes les corresponde pagar el impuesto verde.

¿Cree que el pago de este tipo de impuesto debería recaudarse de manera territorial, es decir, que beneficie a las comunidades susceptibles de recibir las emisiones?

Las zonas donde se ubican los centros de generación con mayores emisiones contaminantes están bien identificadas y corresponden a lugares donde usualmente se concentra la generación a carbón. Si bien desde una perspectiva legal no es posible que la recaudación de un impuesto a beneficio fiscal tenga destino predefinido, creemos que la autoridad tiene el deber de destinar los recursos necesarios para asegurar a las comunidades que son cercanas a las centrales termoeléctricas su derecho constitucional a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.

Fuente: El Mercurio de Antofagasta

Otras Fuentes:
El Sur de Concepción
El Mercurio de Valparaíso
El Mercurio de Calama
El Diario de Atacama
El Diario Austral de Osorno
El Diario Austral de Valdivia
Crónica de Chillán

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